Una jueza de Chicago está planeando un juicio para marzo sobre el uso de fuerza por parte de agentes federales durante operativos en la ciudad. El caso sigue una reforma general dictada por la jueza Sara Ellis que restringe el uso de la fuerza por parte de los federales durante su campaña de deportación.
Según el Chicago Sun-Times, el comandante de la Patrulla Fronteriza (CBP), Gregory Bovino, y muchos de sus agentes están saliendo de la ciudad, pero se espera que alrededor de 1,000 agentes regresen en marzo, lo que equivale a cuatro veces el número de agentes que han estado en la ciudad durante los últimos meses.
La jueza Ellis planea avanzar con el juicio, anticipándose a cualquier aumento en el número de agentes. El caso se centra en el uso de la fuerza por parte de los federales contra manifestantes y periodistas, y fue presentado por organizaciones de medios como el Chicago Headline Club, Block Club Chicago y el Chicago Newspaper Guild.
En un avance para el juicio, Ellis dictó una orden judicial preliminar que prohíbe a los agentes usar “armas de control de multitudes” contra manifestantes u observadores que no representen una amenaza inmediata y sin dos advertencias. También restringe el uso de estrangulaciones y requiere que los agentes exhiban de manera “conspicua” sus números de estrella o de placa “en dos lugares separados”.
Sin embargo, los abogados del gobierno dicen que han solicitado repetidamente evidencia documental o en video para el caso y que hasta el jueves por la tarde no habían recibido ninguna documento. La administración de Trump ha pedido a la corte de apelaciones que bloquee la orden preliminar de Ellis, argumentando que es “excesiva y poco viable” y “amenaza la seguridad de los oficiales federales”.
Los abogados de los demandantes respondieron tarde el jueves, diciendo que la administración de Trump le ha declarado “guerra” a Chicago, y que el razonamiento de Ellis era sólido. También presentaron un aviso a Ellis sobre supuestas violaciones de su orden, incluyendo el uso de bombas de destello y gas lacrimógeno por parte de los agentes en el vecindario de La Villita.
El caso sigue siendo dinámico, con la jueza Ellis planeando desclasificar evidencia que podría hacerse pública a más tardar el 24 de noviembre.
Según el Chicago Sun-Times, el comandante de la Patrulla Fronteriza (CBP), Gregory Bovino, y muchos de sus agentes están saliendo de la ciudad, pero se espera que alrededor de 1,000 agentes regresen en marzo, lo que equivale a cuatro veces el número de agentes que han estado en la ciudad durante los últimos meses.
La jueza Ellis planea avanzar con el juicio, anticipándose a cualquier aumento en el número de agentes. El caso se centra en el uso de la fuerza por parte de los federales contra manifestantes y periodistas, y fue presentado por organizaciones de medios como el Chicago Headline Club, Block Club Chicago y el Chicago Newspaper Guild.
En un avance para el juicio, Ellis dictó una orden judicial preliminar que prohíbe a los agentes usar “armas de control de multitudes” contra manifestantes u observadores que no representen una amenaza inmediata y sin dos advertencias. También restringe el uso de estrangulaciones y requiere que los agentes exhiban de manera “conspicua” sus números de estrella o de placa “en dos lugares separados”.
Sin embargo, los abogados del gobierno dicen que han solicitado repetidamente evidencia documental o en video para el caso y que hasta el jueves por la tarde no habían recibido ninguna documento. La administración de Trump ha pedido a la corte de apelaciones que bloquee la orden preliminar de Ellis, argumentando que es “excesiva y poco viable” y “amenaza la seguridad de los oficiales federales”.
Los abogados de los demandantes respondieron tarde el jueves, diciendo que la administración de Trump le ha declarado “guerra” a Chicago, y que el razonamiento de Ellis era sólido. También presentaron un aviso a Ellis sobre supuestas violaciones de su orden, incluyendo el uso de bombas de destello y gas lacrimógeno por parte de los agentes en el vecindario de La Villita.
El caso sigue siendo dinámico, con la jueza Ellis planeando desclasificar evidencia que podría hacerse pública a más tardar el 24 de noviembre.