Las autoridades de Illinois y el alcalde Brandon Johnson han presentado una demanda federal en contra de la administración de Trump, acusándolos de "ocupar" la ciudad de Chicago y el estado sin el consentimiento del gobierno local. La demanda busca obtener una orden que prohíba a los agentes de inmigración llevar a cabo la aplicación de la ley inmigración civil en Illinois sin la aprobación del Congreso.
La administración de Trump ha sido criticada por sus tácticas de aplicación de la ley inmigración, incluyendo el uso de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales para realizar arrestos y escanear datos biométricos de personas sin estatus legal. Los funcionarios del estado argumentan que estas acciones violan su soberanía y causan "miedo", "violencia indiscriminada" y "interferencia impermisible con la vida pública".
La demanda también se refiere a dos tiroteos en el área de Chicago cometidos por oficiales de inmigración, uno de los cuales resultó en una muerte. Los federales inicialmente acusaron a un joven de asalto y posteriormente retiraron los cargos.
Además, la demanda acusa a los agentes de inmigración de utilizar una aplicación llamada Mobile Fortify para escanear las huellas dactilares y rostros de personas en Illinois, incluyendo ciudadanos estadounidenses. También señala que los federales han "arrestado ilegalmente" a docenas de ciudadanos estadounidenses bajo una política ilegal de arresto sin orden judicial.
La demanda busca proteger el derecho del estado y la ciudad a gobernar de manera autónoma, sin la interferencia del gobierno federal. La jueza de distrito Sara Ellis emitió una orden histórica en un caso similar el otoño pasado, limitando el uso de la fuerza por parte de los federales.
La administración de Trump ha descrito la demanda como "un manifiesto de extrema izquierda" y ha negado cualquier violación de las leyes de inmigración. El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, ha defendido que los agentes de inmigración han actuado como "ocupantes en lugar de oficiales de la ley".
La administración de Trump ha sido criticada por sus tácticas de aplicación de la ley inmigración, incluyendo el uso de tropas de la Guardia Nacional y agentes federales para realizar arrestos y escanear datos biométricos de personas sin estatus legal. Los funcionarios del estado argumentan que estas acciones violan su soberanía y causan "miedo", "violencia indiscriminada" y "interferencia impermisible con la vida pública".
La demanda también se refiere a dos tiroteos en el área de Chicago cometidos por oficiales de inmigración, uno de los cuales resultó en una muerte. Los federales inicialmente acusaron a un joven de asalto y posteriormente retiraron los cargos.
Además, la demanda acusa a los agentes de inmigración de utilizar una aplicación llamada Mobile Fortify para escanear las huellas dactilares y rostros de personas en Illinois, incluyendo ciudadanos estadounidenses. También señala que los federales han "arrestado ilegalmente" a docenas de ciudadanos estadounidenses bajo una política ilegal de arresto sin orden judicial.
La demanda busca proteger el derecho del estado y la ciudad a gobernar de manera autónoma, sin la interferencia del gobierno federal. La jueza de distrito Sara Ellis emitió una orden histórica en un caso similar el otoño pasado, limitando el uso de la fuerza por parte de los federales.
La administración de Trump ha descrito la demanda como "un manifiesto de extrema izquierda" y ha negado cualquier violación de las leyes de inmigración. El fiscal general de Illinois, Kwame Raoul, ha defendido que los agentes de inmigración han actuado como "ocupantes en lugar de oficiales de la ley".