Una Demandante pide liberar las grabaciones de la redada de South Shore para combatir propaganda de la administración Trump.
Una organización legal que ha desafiado a la administración de Trump, presentó una demanda federal en Washington D.C. pidiendo la liberación de todas las grabaciones de video realizadas durante la redada masiva en un complejo de apartamentos de Chicago en septiembre. La solicitud fue presentada después de que el gobierno no respondió a las solicitudes de documentos públicos.
La organización, Democracy Forward, afirma que las imágenes capturadas por el equipo de cámara del gobierno fueron posteriormente utilizadas en videos altamente editados al estilo de Hollywood —que expertos han calificado de “propaganda”— que fueron publicados por el gobierno federal para ganar apoyo a su campaña de deportaciones.
Democracy Forward está buscando obligar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a buscar y liberar cualquier material audiovisual disponible, argumentando que la administración no puede ignorar la Constitución en su búsqueda de clics en redes sociales.
Una organización legal que ha desafiado a la administración de Trump, presentó una demanda federal en Washington D.C. pidiendo la liberación de todas las grabaciones de video realizadas durante la redada masiva en un complejo de apartamentos de Chicago en septiembre. La solicitud fue presentada después de que el gobierno no respondió a las solicitudes de documentos públicos.
La organización, Democracy Forward, afirma que las imágenes capturadas por el equipo de cámara del gobierno fueron posteriormente utilizadas en videos altamente editados al estilo de Hollywood —que expertos han calificado de “propaganda”— que fueron publicados por el gobierno federal para ganar apoyo a su campaña de deportaciones.
Democracy Forward está buscando obligar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a buscar y liberar cualquier material audiovisual disponible, argumentando que la administración no puede ignorar la Constitución en su búsqueda de clics en redes sociales.